El Gobierno dio marcha atrás: anuló el decreto con el que intentó expropiar Vicentin

Clarín – Nota – El País – Pag. 26

Mauricio Bártoli

Alberto Fernández lo decidió tras el freno judicial a la expropiación y las marchas de rechazo en todo el país. Buscarán un socio para la firma o armar un fideicomiso.
En un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con muchas frases en tono de resignación, el presidente Alberto Fernández descartó formalmente la intervención y expropiación de la empresa Vicentin, decisión que había anunciado el 8 de junio y que un día después le dio carácter jurídico en el DNU 522, ahora finalmente derogado. La decisión presidencial se conoce a pocas horas del fracaso de la segunda audiencia de conciliación entre la agroexportadora y representantes del Gobierno de Santa Fe, que se reunieron este jueves en Reconquista, con el objetivo de buscar consensos para el salvataje de la compañía. Pero esa negociación se trabó al discutirse el control efectivo de la operatoria empresarial, y los representantes del gobierno santafesino dieron por finalizada su participación en esta instancia mediadora que había propuesto el juez concursal, Fabián Lorenzini, 20 días atrás. Si bien el titular del juzgado Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista dejó las puertas abiertas para retomar el diálogo, las autoridades santafesina dieron por “cerrado el capítulo”, y como actuaban prácticamente como delegadas del Estado Nacional al propio Presidente no le quedó margen para sostener lo planteado hace casi 2 meses. Fernández explicó los argumentos de su decisión en un hilo de tuits. “En estas condiciones, no estamos dispuestos a adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada para que los argentinos y las argentinas deban hacerse cargo del irresponsable proceder de los actuales administradores”, planteó. Y agregó: “El Estado nacional no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo”. También dijo que dio instrucciones a todos los organismos públicos involucrados para que realicen las acciones civiles, comerciales y penales que permitan la recuperación de los créditos reclamados en el concurso preventivo. El Banco Nación es uno de los principales acreedores del rojo de U$S 1.350 millones que debe Vicentin a productores, cooperativas, acopios y entidades bancarias. En el decreto, Fernández también acusa a los directivos de Vicentin de acciones “dilatorias” que fueron aceptadas por el juzgado interviniente (el del juez Fabián Lorenzini) y que -según el texto del DNU con impronta de lamento- llevaron a un estado de parálisis que “solo ha profundizado la crisis en que se encuentra Vicentin desde la cesación de pagos”. Tras la iniciativa presidencial que arrancó a principios de junio, el magistrado -a cargo del concurso de acreedores desde febrero- rechazó la designación de los interventores del Gobierno, que apenas después de la presentación del DNU 522 del 9 de junio, habían ingresado a la compañía de Avellaneda, Santa Fe. Lorenzini consideró “veedores” a los dos funcionarios nacionales designados como interventores y repuso en el manejo de la empresa concursada al directorio que habían nombrado los accionistas de Vicentin. Santa Fe buscó poner en marcha la firma con un fideicomiso que controlara, Esa firmeza en las posiciones judiciales de Lorenzini fue interpretada desde el Gobierno como un obstáculo para avanzar en la idea original. Pero, vale reconocer, el espíritu del decreto de ayer al reconocer la autoridad del otro poder del Estado. La frase más sintomática en ese sentido es cuando se advierte que, al considerarse veedores a los interventores designados, “se modificó, por decisión judicial, lo dispuesto por el Decreto ya citado”. Con todo, más allá de los detalles técnicos-judiciales, el telón de fondo de la marcha atrás del Gobierno tiene un sentido fuertemente político: el epicentro del rechazo de la opinión pública al avance del Estado sobre el sector privado fueron las masivas manifestaciones en diversas ciudades del país, el 20 de junio, pero también se expresó en ámbitos empresariales y políticos. La mayoría de la oposición, e incluso referentes allegados a Alberto Fernández, se manifestaron en contra de la expropiación. Desde el oficialismo conservan las expectativas de que la Comisión Bicameral por Vicentin -aún no tratada su conformación en Diputados-, asuma un rol determinante. Al menos, esperan que tenga un rol de contralor sobre el futuro de la firma. En la empresa ahora el objetivo es busca un nuevo socio o armar un fideicomiso.