El Gobierno dio de baja el decreto para intervenir Vicentin

La Nación – Nota  – Política – Pág. 1

Germán de los Santos

GIRO. La derogación se concretó tras otro fracaso en las tratativas con la empresa

De manera sorpresiva, Alberto Fernández decidió ayer volver atrás, incluso hasta el punto de inicio, en la extensa crisis con la agroexportadora Vicentin al anular el decreto del 9 de junio pasado, que dispuso la intervención de la cerealera. Lanzó, además, duras críticas al juez del concurso de acreedores, que –según el Presidente– “no ha permitido hasta aquí que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía”. El Gobierno cerró así un capítulo en la crisis de Vicentin después de que fracasaron las negociaciones entre los representantes de la administración santafesina, de Omar Perotti, y la empresa para la creación de un fideicomiso. El presidente anuló el decreto de necesidad y urgencia que había sido el primer paso del camino hacia la expropiación de la empresa y que gestó un conflicto en el norte de Santa Fe, que se amplificó con multitudinarios banderazos en todo el país. El Gobierno argumentó que las negociaciones fracasaron porque los directivos de la compañía no aceptaron las condiciones que imponía el Estado nacional, que reclamaba que los accionistas se corrieran de manera definitiva del manejo de la agroexportadora, que tiene un pasivo de 99.000 millones de pesos. La empresa afirmó que aceptar las exigencias del Gobierno para la creación del fideicomiso “equivaldría a consentir una expropiación sin precio indemnizatorio, con la única esperanza de rogar que las gestiones de los representantes oficiales efectivamente sean fructíferas”.
A través de las redes sociales, Fernández no solo cargó contra la empresa sino también contra el juez civil y comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, que está al frente del concurso de acreedores desde el 10 de febrero pasado, y le dio un duro golpe a las intenciones iniciales del gobierno de intervenir la compañía cuando ordenó restituir a los directivos de Vicentin en sus puestos, el 19 de junio pasado. El magistrado además relegó al rol de veedores a los interventores designados por el Gobierno. El Presidente dijo que el juez “ha impedido también el acceso de la intervención a su gestión y, lo que es peor aún, ha mantenido en sus funciones a los mismos directores que, ante la pasividad del tribunal, siguen sin entregar el Balance y Memoria del ejercicio 2019”. Fernández, además, anunció que “el Estado nacional no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo”. Dijo que “la intención siempre fue rescatar a la empresa, preservar los activos, colaborar con los productores damnificados y mantener las fuentes de trabajo”. “Pero también nuestra obligación es que se investiguen las maniobras que provocaron el estado de falencia en el que la empresa ha caído”, apuntó el Presidente. Y agregó: “En estas condiciones, no estamos dispuestos a adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada para que los argentinos y las argentinas deban hacerse cargo del irresponsable proceder de los actuales administradores”. Lejos de un acuerdo La vía del acuerdo con la compañía cerealera se cerró así de manera definitiva. Se frustró el intento del gobernador santafecino Omar Perotti, que había propuesto como salida la creación de un fideicomiso. Hace 20 días hubo un acuerdo con respecto al trazo grueso, pero cuando avanzaron sobre la letra chica, empezaron a surgir diferencias irreconciliables que no se pudieron resolver. El gobierno de Santa Fe, en sintonía con la gestión de Fernández (que monitoreaba la situación con el exinterventor Gabriel Delgado y Juan Manuel Olmos, asesor presidencial), puso como condición básica que los directivos de Vicentin se corrieran del manejo de la empresa, algo que -según fuentes de la administración de Perotti- lo reclamaban los principales acreedores. Esta idea nunca terminó de ser aceptada por la totalidad del directorio de la firma, que pretendía tener una representación, aunque sea mínima, en la administración del fideicomiso. Fuentes del gobierno de Santa Fe señalaron ayer. además, que un sector de la plana mayor de la firma exigió otra condición: un acuerdo de indemnidad judicial, que fue rechazado por la gestión del peronista Perotti. “He dado instrucciones a todos los organismos públicos involucrados para que realicen las acciones civiles, comerciales y penales que permitan la recuperación de los créditos reclamados en el concurso preventivo, dirimir responsabilidades y preservar los intereses del Estado”, sostuvo ayer el jefe del Estado. En paralelo, se llevó ayer adelante un operativo judicial en la sede de Vicentin, en Avellaneda, en el norte de Santa Fe, por pedido del fiscal federal Gerardo Pollicita, que investiga las supuestas maniobras de defraudación de la empresa con los créditos del Banco Nación. Se investiga si la entidad bancaria autorizó de manera irregular a la cerealera a acumular una deuda de $18.500 millones en contra de las normativas del banco. Pollicita le pidió al juez Julián Ercolini el lunes pasado que librara una orden de presentación con facultades de allanamiento para obtener los libros del directorio de 2019 y la documentación contable de la empresa en ese periodo. A principios de junio, el funcionario pidió la inhibición de bienes del presidente del exBanco Nación Javier González Fraga y de otras 25 personas que integraron el directorio de la entidad, que -según el concurso de acreedores- prestó 18.000 millones de pesos a la empresa, que luego, el 4 de diciembre, cayó en default por “estrés financiero”. La causa judicial surgió por una denuncia de un particular basada en un informe elaborado por el actual director del Banco Nación, Claudio Lozano, quien, al asumir, analizó la situación económica de la compañía y consideró que “el proceso de endeudamiento” que acumuló Vicentin con el Banco Nación “superó los límites a los que podía acceder la firma en función de los establecido por la normativa del Ente Regulador para las Grandes Empresas”.