Una medida que maduró en secreto, entre Perotti y la influencia cristinista

La Nación – Nota – Política y Economía – Pag. 5
Santiago Dapelo

Alberto Fernández tomó la decisión hace varios días. Fue antes incluso de la reunión que mantuvo con los principales empresarios del país, hace cuatro días, pero nada dijo en ese momento. El Presidente no quiso empañar el encuentro en el que buscó despejar las dudas que se habían esparcido en el sector privado en las últimas semanas. El anuncio de la expropiación de Vicentin, celebrado por el kirchnerismo de paladar negro, hubiese complotado contra ese mensaje.
El tamaño de la deuda de la empresa -“que casi hace volcar al Banco Nación”, según detalló un hombre de confianza del Presidente-, la situación de los trabajadores y la subsistencia de 2600 pequeños productores fueron determinantes para dar el paso.
“No había otra opción”, argumentó uno de los hombres de confianza de Alberto Fernández, quien hace algunas semanas puso a trabajar en los detalles del anuncio al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, con la ideóloga de la estatización, la senadora Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), camporista y una de las principales aliadas de la vicepresidenta Cristina Kirchner.
La idea se construyó de a poco y, pese a las dudas primigenias, maduró en las últimas semanas de la mano del impulso de Fernández Sagasti y la presión del Instituto Patria.
Pero para el Presidente también fue determinante uno de los gobernadores con mayor ascendencia sobre la Casa Rosada, el santafesino Omar Perotti.
La posibilidad de que la medida se repita en otros ámbitos fue descartada de plano. Desde el Gobierno insistieron en que se trató de una medida “excepcional” y que Vicentin no será punta de lanza para otras intervenciones estatales en empresas privadas. “Eso es una locura, fuera del sentido común”, lanzó uno de los hombres del círculo íntimo presidencial. En este punto, no sorprendió la reacción de la oposición. “Era previsible”, dijeron fuentes oficiales.
En la Casa Rosada anticipaban que la firma del DNU sería utilizada para refrescar los fantasmas sobre la injerencia del Estado en las empresas que se instalaron con el proyecto del impuesto a las grandes fortunas o la opinión de la diputada Fernanda Vallejos de quedarse con las acciones de las firmas que recibieron asistencia del Estado para pagar sueldos.
Incluso el Presidente fue claro al respecto. “La oposición va a tener oportunidad de compararnos con Venezuela o con el infierno”, sostuvo el jefe del Estado, en referencia al debate que se dará en el Congreso.
Una vez más, Alberto Fernández ratificó sus dotes como equilibrista. Si el último jueves había desplegado su versión más amigable con los principales empresarios del país, a los que les dijo que quería “ser su socio”, con la intervención de la exportadora de granos, harinas y aceites, que se encuentra en concurso de acreedores y tiene una deuda de $100.000 millones, mandó un mensaje a la tropa más radicalizada del kirchnerismo.
Para reforzar su mensaje y evitar malas interpretaciones dentro del Frente de Todos, el Presidente se decidió por una persona de su confianza como interventor del Estado nacional en Vicentin.
Gabriel Delgado, un especialista en temas agropecuarios -exsecretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de Cristina Kirchner-, era uno de los nombres que estuvieron en danza para el Ministerio de Agricultura, pero finalmente perdió esa pulseada.
Ahora, la batalla se mudará al Congreso, territorio que controlan la vicepresidenta y su hijo, Máximo Kirchner, en tándem con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; un terreno en el que el Presidente deja actuar sin condicionantes.

El ministro Kulfas y la senadora Fernández Sagasti

“No había otra opción”, argumentó un colaborador del Presidente

Ahora la batalla se mudará al Congreso, bajo la influencia de Máximo y Cristina Kirchner