Se extiende el rechazo empresarial

La Nación – Nota – Política y Economía – Pag. 5

La Copal, la CAC, Carbap y el Centro Azucarero, entre otras entidades, en contra de la intervención
Luego del duro rechazo a la intervención y probable expropiación de Vicentin expresado por la Asociación Empresaria Argentina y la UIA, ayer se multiplicaron las advertencias y los cuestionamientos del sector privado. La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) y varias entidades agropecuarias sumaron sus reclamos.
“Copal expresa su profunda preocupación por el decreto de necesidad y urgencia dictado por el Poder Ejecutivo interviniendo la empresa Vicentin”, empezó el comunicado firmado por las empresas alimenticias más importantes. “Nuestra entidad solo respalda aquellos procedimientos establecidos en el marco de la legalidad y el principio de división de poderes, y señala su desacuerdo por el impacto que este tipo de antecedentes genera respecto de la calidad institucional y el respeto al derecho de propiedad”, indicó la entidad presidida por Daniel Funes de Rioja. “Copal considera fundamental el respeto al Estado de Derecho, garantizando de tal forma la seguridad jurídica y transparencia que permitan al sector privado su contribución al desarrollo y a las nuevas inversiones necesarias con el objetivo de dinamizar la economía de nuestro país y asegurar un crecimiento sustentable”, concluyó.
La CAC, en tanto, señaló que “la economía basada en la iniciativa privada es el sistema más efectivo y eficiente de generar valor, incrementar la calidad de la producción, crear empleo y mejorar las condiciones sociales, especialmente de los sectores mas vulnerables”.
“Normas claras y estables son necesarias para generar un ambiente que permita un adecuado funcionamiento colectivo, surgido de las iniciativas privadas consolidadas en proyectos de empresas, personas y asociaciones varias”, estimó la entidad que dirige Jorge Di Fiori.
“El respeto de las normas y de la división de poderes, así como la limitación del rol estatal en los asuntos públicos, son esenciales en una economía y una sociedad modernas”, señaló la CAC.
“La intervención de una empresa que se encuentra en trámite concursal implica un procedimiento anómalo que es probable que provoque litigiosidad que afecte a las arcas públicas y el funcionamiento de la empresa”, indicó.
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) sostuvo que ve con “mucha preocupación el avance de un Estado casi quebrado sobre la propiedad privada”.
Por su parte, la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe) repudió “cualquier intento de avasallamiento” y expresó que “claramente el Ejecutivo se está llevando por delante al Poder Legislativo y a la Justicia, lo que es muy grave”.
En ese contexto, el Centro Azucarero expresó que “la industria se opone a la intervención de Vicentin y rechaza el argumento usado de una supuesta soberanía alimentaria”.
Y concluyó: “No hay justificativo alguno para el avasallamiento de las normas jurídicas vigentes; la Justicia debe aplicar las medidas que sean necesarias para restablecer el imperio de la ley”.