Prioridades del interventor: pagar sueldos y proveedores

La Nación – Nota – Política – Pag. 6

Fernando Bertello

Según allegados al equipo de Gabriel Delgado, el principal objetivo en esta etapa es reactivar a pleno el funcionamiento de la firma
Gabriel Delgado, exsecretario de Agricultura de Cristina Kirchner, era número puesto por muchos para quedarse con el cargo de ministro de Agricultura de Alberto Fernández.
Cuando todo parecía definido, apareció sobre la mesa el nombre de Luis Basterra, un hombre de extrema confianza del gobernador formoseño, Gildo Insfrán. Todos saben que Insfrán tiene aceitados contactos con Cristina Kirchner.
Al final, Delgado perdió esa carrera ante Basterra.
Oriundo de Coronel Suárez, doctor en Finanzas especializado en finanzas rurales y licenciado en Economía agropecuaria, a Delgado el presidente Fernández lo designó al frente de la intervención de Vicentin, la cerealera en concurso de acreedores con una deuda declarada de casi $100.000 millones. Por una operación, está siguiendo la intervención desde Buenos Aires, mientras que en Avellaneda, Santa Fe, está llevando la parte operativa su segundo, Luciano Zarich.
¿Qué busca Delgado con su intervención? Según cuentan allegados a su equipo, está gestionando con tres objetivos: reactivar el funcionamiento, y pagar los sueldos y a los acreedores.
Según señalan, el funcionario aceptó el lugar porque está convencido de que una eventual quiebra no solo sería mala para los acreedores, productores y pymes, sino también para el mismo sector agropecuario.
“Se pueden perder años de crecimiento del sector. Por eso, tiene muy claro que no va a hacer nada que perjudique aún más a esas personas”, dicen en su círculo íntimo.
Cerca del equipo del funcionario remarcan que “no es una cuestión de ideología” el abordaje de la situación, sino de buscar un instrumento para evitar “un dominó de productores y pymes fundidas”.
“Intervención por 60 días para acomodar las cosas. Respeto por la trayectoria de la empresa, el interior productivo y el mercado de granos”, agregan.
El negocio de la aceitera reportó el año pasado ventas por unos US$4200 millones, un 20% más que hace dos años. Pese a esa performance, la empresa entró en default cuando se encontró con que de golpe tenía que poner más de US$300 millones para pagar a productores que le habían anticipado la venta de granos en medio del temor a la suba de retenciones que aplicarían Alberto Fernández y Cristina Kirchner, algo que igual ocurrió.
La intervención es sobre Vicentin SAIC, el negocio cerealero propiamente dicho, mientras quedaron afuera el frigorífico Friar, una firma exportadora de miel, una algodonera y el negocio de yogures, postres y flanes que Vicentin le adquirió a la cooperativa Sancor.
Es decir, más allá del pretendido argumento de la “soberanía alimentaria” como uno de los que se usaron para justificar el avance sobre la compañía, además del supuesto “rescate” y la necesidad de tener una “empresa testigo”, el manejo de la intervención se dará principalmente sobre la cerealera, que exporta más del 90% de lo que procesa.
Los dueños de Vicentin facilitaron el proceso de intervención en la compañía, pero no están de acuerdo. Y están dispuestos a frenar la expropiación en la Justicia.
Contra los argumentos de que la firma está parada, muestran que con diferentes contratos de procesamiento a fasón para otras industrias ya lograron recuperar, desde febrero pasado, un 40% de su capacidad operativa.
Mientras tanto, siguen las críticas por cómo el Gobierno definió el avance sobre la empresa. En un comunicado, el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), que representa al 92% de las exportaciones de carnes bovinas del país, se manifestó en “desacuerdo” con la medida oficial.
Dijo que “considera prioritario y esencial el respeto de los principios de legalidad y seguridad jurídica que se pueden ver afectados con la decisión adoptada, alterando las garantías al derecho de propiedad privada y la calidad institucional que debe primar en el marco de la convivencia democrática”.
Por su parte, la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) alertó en un comunicado: “La intervención del Estado nacional en el contexto descripto sería ilegal e inconstitucional por invadir la esfera de otro poder del Estado”.