Fuerte rechazo de Juntos por el Cambio a la decisión del Gobierno

La Nación – Nota – Política y Economía – Pag. 6
Gustavo Ybarra

La principal fuerza de oposición cuestionó en duros términos la medida de Alberto Fernández; comparaciones con Venezuela
El anuncio del Gobierno de que intervendrá y buscará expropiar por ley la empresa Vicentin provocó un fuerte rechazo de parte de Juntos por el Cambio, en donde la medida fue calificada como una “señal trágica” y se equiparó a la administración de Alberto Fernández con el régimen chavista de Venezuela.
“La decisión de expropiar Vicentin es una locura por donde se lo mire, vamos a Venezuela más rápido de lo esperado”, sentenció el diputado Omar de Marchi (Pro-Mendoza). En la misma línea se manifestó otro opositor mendocino, el diputado Luis Petri (UCR), quien dijo que la expropiación es “una muy mala señal”. “En un momento en que la economía necesita certezas, el Gobierno gira a Venezuela”, remató. “Esto no es un rescate, esto es tomar por asalto una empresa privada”, sentenció Petri.
Otro radical, el exministro de Agricultura de Cambiemos y actual diputado nacional Ricardo Buryaile (UCR-Formosa), cuestionó la medida por su alto nivel de intervencionismo. “Después de escuchar al Presidente parece que la intención es hacer funcionar a Vicentin como una Junta Nacional de Granos, que va a intervenir en el mercado como una empresa testigo”, afirmó el legislador.
“La intervención del Grupo Vicentin, anunciada por el gobierno nacional, es ilegal e inconstitucional, desautoriza al Congreso y el Poder Judicial y da un primer paso en el camino para estatizar el mercado agropecuario”, expresó luego un comunicado de Juntos por el Cambio.
“Con el argumento de la soberanía monetaria estatizaron Ciccone y por la soberanía energética expropiaron YPF; ahora van a expropiar otra empresa con el argumento de la soberanía alimentaria”, se quejó el legislador. Luis Etchevehere, por su parte, calificó la expropiación de Vicentin como “una aventura empresarial”. “Ya sabemos que termina con todos los argentinos pagando la fiesta”, remató el exministro de Agricultura de Macri. El diputado macrista Luciano Laspina (Santa Fe) no opinó sobre la expropiación, pero se preocupó por avisar que “ahora las millonarias deudas pasan a ser de todos los argentinos que pagan impuestos”. En tanto, otro dirigente de Pro, el exsenador Federico Pinedo, calificó como “una señal trágica” intervenir una empresa privada.
En el Senado
Según el anuncio presidencial, a la intervención por decreto de necesidad y urgencia (DNU) se sumará un proyecto de ley que, entre otras medidas, dispondrá la expropiación de la empresa por parte del Estado. Todo indica que el proyecto ingresará por el Senado. No solo porque junto al Presidente se ubicó la vicepresidenta del bloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos-Mendoza), sino porque la iniciativa ya circulaba en despachos kirchneristas desde varias horas antes del anuncio presidencial. La amplia mayoría que el kirchnerismo tiene en la Cámara alta le asegurará un rápido trámite al Poder Ejecutivo mientras avanza en negociaciones para reunir los votos necesarios en Diputados, donde el panorama no es tan claro para el oficialismo. En el Senado solo hay un proyecto relacionado con la situación de Vicentin. Es una iniciativa presentada por el kirchnerista Oscar Parrilli (Neuquén) para crear una comisión investigadora sobre las líneas de crédito cedidas por el Banco Nación. Para aprobar la expropiación de la empresa, al oficialismo le alcanza con la mayoría simple de los presentes.

Omar de Marchi DIPUTADO PRO-MENDOZA
“La decisión de expropiar Vicentin es una locura por donde se lo mire; vamos a Venezuela más rápido de lo esperado”

“ES INCONSTITUCIONAL”
La intervención por 60 días de la empresa Vicentin por DNU es inconstitucional, coincidieron en afirmar dos abogados especialistas en derecho de empresas consultados por la nación. “Al haber un concurso abierto, el juez del concurso es el único que tiene la facultad de intervenir. No hay otro funcionario que pueda remover a un directorio”, dijo el abogado Raúl Aguirre Saravia. Máximo Fonrouge, por su parte, dijo que no hay participación del Estado en la empresa, por lo que no tiene la facultad de intervención. Si el Estado es acreedor, que reclame en el concurso, no puede intervenir la empresa”. Y dijo que se hizo al amparo del Covid-19.