Estatal o mixta, las alternativas que evalúa el Presidente

La Nación – Nota – Política y Economía – Pag. 20
Maia Jastreblansky

Mientras busca conformar a sus aliados, aún no definió la fecha en que enviará el proyecto al Congreso; Perotti mira con buenos ojos una asociación público-privada
Como un equilibrista frente a una prueba difícil, Alberto Fernández busca una salida para el asunto Vicentin que le evite trastabillar. Procura una alternativa que le permita conseguir votos en la Cámara de Diputados, poner de su lado a los gobernadores Omar Perotti (Santa Fe) y Juan Schiaretti (Córdoba) y conformar a los actores de su coalición de gobierno, especialmente al kirchnerismo, impulsor de la expropiación. Todo ello, sorteando eventuales planteos judiciales.
En Olivos insisten en que la expropiación de Vicentin “no obedece a cuestiones ideológicas”, sino que es “la única herramienta jurídica válida” para avanzar. “Si alguien nos trae una alternativa superado- ra, estamos dispuestos a escucharla. Estoy esperando, por eso no mandé el proyecto al Congreso”, dijo anoche el Presidente en Telefé.
El proyecto de expropiación está bajo estudio de dos funcionarias técnicas del gabinete, que intercambian documentos y borradores, pero el Gobierno aún no le pone fecha de envío al Congreso ni confirma cuál será la cámara de origen. La intervención, de hecho, es por 60 días, mientras sigue el concurso de acreedores en la Justicia.
Hoy, el Gobierno se muestra flexible a nuevas ideas y evalúa dos opciones. Por un lado, la opción anunciada por el Presidente el día uno: la expropiación y posterior conformación de un fideicomiso para que sea administrado por una nueva sociedad: YPF Agro SA.
Pero en las últimas horas tomó fuerza la posibilidad de establecer una asociación público-privada para administrar la cerealera, con la participación del Estado nacional, las cooperativas de pequeños productores que son proveedoras y acreedoras de la compañía y, eventualmente, la provincia de Santa Fe, donde opera la empresa.
Para esta opción, el Gobierno insiste en que es necesario que primero haya una expropiación, mientras que Perotti quisiera evitar ese paso.
La expropiación fue el anuncio que hizo Fernández cuando sorprendió a todos y es la idea que figura en los papers internos que formuló el interventor Gabriel Delgado, y en el documento que circuló entre legisladores del Frente de Todos.
La propuesta consiste en hacer una expropiación bajo el paraguas de la ley 21.499, de 1977, que prevé la declaración de utilidad pública como fundamento para la expropiación. En el texto que circuló en el Frente de Todos señala que “pueden ser objeto de expropiación todos los bienes convenientes o necesarios para la satisfacción de la utilidad pública, cualquiera sea su naturaleza jurídica, pertenezcan al dominio público o al dominio privado”.
El documento del oficialismo argumenta: “En nuestro caso el bien susceptible de expropiación es una sociedad comercial cuyo objeto se orienta a la producción y comercialización de granos, de allí la utilidad en un contexto falencial de la empresa y de grave situación económica producto de una herencia desastrosa del macrismo y la pandemia”.
A partir de la expropiación, se conformaría un fideicomiso. YPF Agro, el departamento de YPF que hoy se dedica al canje de granos por biodiésel y fertilizantes, pasaría a ser una sociedad anónima que administraría el fideicomiso Vicentin. Así, el Estado nacional tendría pleno control sobre la compañía.
Sociedad mixta Una idea que cobró fuerza, más alineada con Perotti, es una administración mixta, de participación público-privada, en la que el Estado nacional tenga una participación por la mayoría y se sumen cooperativas de pequeños y medianos productores. En un intento de convencer a los gobernadores, también podría participar la provincia de Santa Fe. “Es muy probable que al final encontremos una salida público-privada”, dijo a la nación un alto funcionario.
Para este caso, el Gobierno sigue planteando la necesidad de que primero exista una ley de expropiación. Perotti está más alineado con esta alternativa, pero es contrario a la expropiación. De todas formas, no tiene intención de pararse en la vereda de enfrente del Gobierno.
En Vicentin explican que la compañía llegó a una situación de estrés financiero porque se endeudó en dólares para invertir en su expansión industrial, pero no logró hacer una recuperación de esas inversiones. Insiste en que la cancelación del pasivo debe estar en el sector privado, para que el flujo de las operaciones permita el repago de la deuda.
Con el diálogo con el Gobierno cortado, sus dueños tienen decidido desplegar una contraofensiva judicial para atacar la intervención que comenzó al jueves pasado.