El Presidente alteró todos los equilibrios políticos y económicos

La Nación – Nota – Política y Economía – Pag. 4

Claudio Jacquelin

Con su anuncio de intervención y expropiación de la empresa Vicentin, Alberto Fernández no solo sorprendió a casi todo el país, incluida la mayoría de la dirigencia oficialista. También alteró los equilibrios políticos y económicos: dejó descolocados a socios, aliados y opositores, tanto como a empresarios con los que venía dialogando en otra dirección.
La relevancia y el alcance de la decisión exceden a la medida en sí.
Para poder entender la magnitud del efecto causado por el anuncio conviene dividirlo en tres partes y mirar los propósitos expresos, los objetivos tácitos y las consecuencias inevitables (deseadas o no).
En primer lugar, aparece lo que el Presidente y sus colaboradores más estrechos quieren destacar: el “rescate” de la empresa para evitar que arrastre a los 2600 acreedores y destruya la fuente laboral de, al menos, 2200 personas. El énfasis que sobre este propósito ponen en el primer piso de la Casa Rosada es tal que permite inferir que si hubiera sido por Fernández habría puesto allí un punto final al anuncio.
Buena parte de sus aliados, empezando por el gobernador de Santa fe, Omar Perotti, lo habrían celebrado, como se advirtió anoche tras la reunión en Olivos que parece más destinada a ganar tiempo que a abrirles la puerta a otras alternativas.
Luego emergen dos elementos que, por el escaso entusiasmo con el que hablan en el entorno presidencial y la contradicción que entrañan con recientes palabras del Presidente, parecieran tener otra genética intelectual y haber sido objeto de una adopción forzosa, pero consentida, por parte de Fernández.
Son los conceptos de “soberanía alimentaria” y “empresa testigo” en los mercados de granos y de cambios, cuyos efectos y viabilidad pocos logran explicar, más allá de expresiones de deseos o de espanto.
La distinción marca una línea divisoria en el oficialismo. Los últimos dos puntos son los que más celebra el cristinismo puro y duro, cuyos componentes principales se sintetizan en la autora intelectual del proyecto, Anabel Fernández Sagasti. La senadora es una fiel representante de Cristina Kirchner y de La Cámpora, entidades que a veces se confunden, pero no son lo mismo. El comunicado de la agrupación y las manifestaciones de sus dirigentes y otros satélites de ese universo lo corroboran.
En cambio, la “operación rescate” es abrazada con fervor por lo que alguna vez se pensó que sería el albertismo, compuesto por antiguos amigos o compañeros del Presidente, sus colaboradores, los gobernadores no cristinistas y el massismo.
A todos ellos descolocó con la expropiación y sus secuelas. A imagen y semejanza de su jefe, debieron adoptar el arte del equilibrista y del contorsionista. Sin ensayo.
Los malabarismos verbales que el parco Perotti debió hacer son dignos de un ensayo lingüístico. Más luego del ruidoso portazo que dio su ministro de Producción en rechazo a la expropiación. Allegados al gobernador admiten que fue sorprendido.
Aunque impulsaba el rescate de la empresa, lejos estaba de la expropiación. Este era el proyecto de otros santafesinos, entre los que hay aliados ocasionales y competidores permanentes suyos.
El anuncio puso freno, además, al acercamiento entre Fernández y el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. El silencio de este es elocuente.
No tiene incentivos para defender una medida cristinista, espacio que el electorado cordobés rechaza más que ningún otro. Un problema para sus diputados si el proyecto llega al Congreso.
En el caso del massista Frente Renovador sus referentes hicieron gala de habilidad para caminar sobre la cuerda floja. Difundieron un resumen de una reunión virtual con la que Sergio Massa buscó endulzar al sector agroindustrial. El presidente de Diputados, que no es un aficionado en los campos de juego de la ambigüedad, eludió definiciones tajantes sobre Vicentin.
Uno de sus antiguos colaboradores calificó el anuncio de “desastroso”.
La incomodidad se centró en la presencia y el reconocimiento a Fernández Sagasti, en el énfasis sobre la expropiación y en la admisión de que el Estado busca intervenir en el mercado de granos y de cambio, más de lo que ya lo hace.
Dicen los massistas que ellos venían trabajando en un proyecto más razonable y más viable. Las acusaciones de que estaba hecho a la medida del ubicuo José Luis Manzano son adjudicadas a la maledicencia de adversarios, entre los que se cuentan socios del Frente de Todos.
Delicias de la vida coalicional.
Lo cierto es que buena parte del massismo y otros oficialistas moderados coinciden con aprensiones que la iniciativa despierta en Juntos por el Cambio y en el empresariado.
La mayoría considera que, por decisión o por la dinámica de lo impensado, la expropiación solo puede ser el prolegómeno de otras decisiones que les preocupan.
Es un hecho que para poder cumplir con los anhelos de mover el amperímetro del mercado de granos y de cambios no bastará con la expropiación de Vicentin. La disyuntiva es clara: el Gobierno se quedará en el mero rescate y la absorción de un descomunal pasivo por parte del Estado de una empresa privada o avanzará con otras medidas que alterarán el mercado y afectarán al sector agroindustrial, hasta aquí el más dinámico y (casi el único) competitivo del país. En la Casa Rosada eluden las definiciones. O las adecuan, como suele suceder en la era Fernández, según el interlocutor.
Puertas adentro del oficialismo el anuncio confirmó las asimetrías originarias, que Fernández no corrigió, sino que se cristalizan cada vez más. Como otros frentes justicialistas del pasado, el Frente de Todos empieza a verse más como una alianza electoral que como una coalición de gobierno. Todo lleva a concluir que el cristicamporismo sigue imponiendo su peso y volumen.
En la oposición, el Presidente volvió a desacomodar a los moderados que, en medio de la pandemia, contaba como aliados para su gestión.
Quedaron arrinconados otra vez, al lado de los sectores más duros. El lamento de macristas y radicales consensuales atraviesa los muros más gruesos. Sin embargo, los cambiemitas más extremos tampoco celebran.
No encuentran una narrativa efectiva para posicionarse. Mucho menos cuando son abundantes los escombros que les caen (y les caerán) por el derrumbe de Vicentin.
El impacto negativo que para muchos tiene la expropiación debe lidiar en la consideración pública con los millonarios aportes electorales de los dueños de la empresa al macrismo y la multimillonaria ayuda que recibieron del Banco Nación en la gestión de Macri. La inevitable deriva judicial del caso, ¿podrá encuadrarse en el lawfare? Queda la azorada imagen que les devuelve el espejo a los empresarios que una semana antes escucharon el credo capitalista de Fernández y su rechazo a que el Estado se quedara con empresas. Tal vez encuentren alguna respuesta si reparan en la definición que dio Santiago Cafiero del Presidente en la entrevista que le hizo el martes José Del Rio.
El alter ego presidencial lo calificó de “líder posmoderno”. Y, como definió el teórico de la posmodernidad Jean-François Lyotard, “el posmodernismo es acostumbrarse a pensar sin moldes ni criterios”.
Ah, también afirmó que “en esta era se ha demostrado que el único valor vigente está en aquello que sea capaz de ofrecer un resultado”.
La duda aún radica en saber cuál es el resultado final que obtendrá Fernández. Por ahora, sorprendió y altero los equilibrios políticos y económicos.