El Gobierno rompió con la cúpula de Vicentin y avanza el plan de expropiación

La Nación – Nota – Política – Pag. 8

Maia Jastreblansky

Las conversaciones con el directorio de la compañía están cortadas y la intervención desplazó al management; en paralelo, alineó a los sindicatos y busca apoyo entre los acreedores; se espera un proyecto de ley del Poder Ejecutivo
El Gobierno afina su plan para avanzar con la expropiación de Vicentin, tras una semana de notable desorden interno por el intempestivo anuncio que hizo el lunes Alberto Fernández.
De aquí en más, la estrategia oficial tendrá tres patas: clausurar el diálogo político con los directivos de la compañía y dejar al interventor, Gabriel Delgado, como único interlocutor; buscar el consenso de los gremios de los aceiteros y de actores del mercado perjudicados por el estrés financiero de la cerealera, y hacer una exhibición, en el plano discursivo y judicial, de las presuntas irregularidades de la compañía.
Todo ello mientras el Gobierno aglutina a la tropa del Frente de Todos detrás de una serie de argumentos para defender la expropiación en el Congreso, el único camino legal que admitió el Presidente para que el Estado tome el control de Vicentin. Si bien el proyecto de ley está en elaboración, entre los legisladores del oficialismo ya circuló un paper con el título “Aportes para el debate
sobre el rescate de Vicentin SAIC” con lineamientos y respuestas a los detractores de la expropiación.
En la Casa Rosada señalan que lo más probable es que el proyecto de ley sea enviado por el Poder Ejecutivo, aun cuando el Presidente le asignó la autoría intelectual de la iniciativa a la senadora Anabel Fernández Sagasti, muy allegada a Cristina Kirchner. “No enviaremos el proyecto para votar, sino para discutir”, dicen en Casa Rosada de cara al “poroteo” en Diputados (en el Senado el camino está más allanado).
Intervención
El jueves, con la convocatoria al diálogo en Olivos sobre la mesa, a la sede de la administración de la agroexportadora lograron ingresar el subinterventor Luciano Zarich, acompañado del escribano oficial Carlos Gaitán y del síndico Ernesto García. El interventor designado vía DNU, Delgado, todavía monitorea la situación desde Buenos Aires porque fue recientemente operado de una hernia.
Hoy los interventores tienen la llave de las oficinas, corrieron a la alta conducción de la empresa y mantienen
un trato operativo con los responsables de las áreas (ya tuvieron que pagar una póliza de seguro y deudas salariales). Pero con los ejecutivos de Vicentin (en el Gobierno ya los llaman “exdirectivos”) el diálogo político está cortado. De hecho, hoy la familia Vicentin publica una solicitada en donde califica a la decisión de Fernández de “injusta, arbitraria e ilegal” (ver página 9).
Estrategia
En el Gobierno argumentan que avanzaron rápido con la intervención de Vicentin ya que era necesario “preservar los activos estratégicos de la empresa” y “evitar un desguace”, además de un posible salvataje por parte de privados extranjeros.
El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas -el miembro del gabinete en el que el Presidente delegó el manejo de la situación- refrendó esta idea el viernes cuando mantuvo un Zoom con representantes de la Bolsa de Cereales de Rosario y acopiadores y corredores de Santa Fe. “De esa charla surgió que no es viable que los mismos que incumplieron con sus obligaciones y llevaron a la empresa al colapso hoy
sigan a cargo de la empresa”, aseguraron desde el Gobierno.
“Una de las primeras medidas de los interventores será buscar reconstruir la confianza con los clientes, con las cooperativas, productores y corredores”, agregaron las fuentes oficiales. De buena sintonía con la Casa Rosada, el presidente de la Bolsa de Rosario, Daniel Nasini, sostuvo que “hubo un mal manejo de la empresa” y que hay “mucha desilusión” y “muchísimos afectados” por la cesación de pagos de la empresa. Otras cámaras empresarias, en cambio, encendieron una luz de alerta por la decisión del Gobierno de expropiar el holding.
Como parte de su estrategia, en las últimas horas el Gobierno avanzó en alinear a parte de los sindicatos que representan a los trabajadores de Vicentin. Delgado mantuvo una extensa conversación telefónica con el secretario general de los Aceiteros de San Lorenzo, Pablo Reguera, que representa a unos 800 empleados. Consultado por la nación, Reguera manifestó: “Si la opción de la intervención estatal nos va a dar estabilidad y garantiza el 100% de los puestos laborales, no nos oponemos”.
Los aceiteros de Avellaneda, en tanto, están agrupados en otro gremio que depende de la Federación de Aceiteros. Daniel Yofra, hombre fuerte de esa agrupación gremial aplaudió la medida oficial y manifestó: “Es un alivio para los trabajadores que el Gobierno se haga cargo”.
La otra tarea que encarará el Gobierno es hacer una radiografía contable y financiera de Vicentin. La compañía fue la principal exportadora de harina y aceite de soja del país en 2019, pero -según datos de la convocatoria de acreedores- el pasivo asciende a $99.345,2 millones.
El Gobierno aseguran que hoy “la compañía debe lo mismo que lo que vale”. El paper del Frente de Todos subraya que la deuda en pesos que Vicentin tenía con los bancos a fines de 2019 representaba el 20% de la facturación del año 2018 y se pregunta: “¿Por qué Vicentin declaró un estrés financiero?”.
Desde la empresa, en cambio, explican que se llegó a esa situación porque Vicentin se endeudó en dólares para invertir en su expansión industrial, pero no logró hacer un recupero de esas inversiones debido a la situación económica del país.
En ese sentido insisten en que la cancelación del pasivo debe estar en el sector privado, para que el flujo de las operaciones permita el repago de la deuda.
La última carta del Gobierno, en tanto, se juega en Comodoro Py. El viernes, la Unidad de Información Financiera (UIF) pidió ser querellante en la causa penal que investiga a los ejecutivos de Vicentín y al extitular del Banco Nación Javier González Fraga por el préstamo de $18.500 millones que recibió la empresa durante la gestión de Mauricio Macri.
La UIF pidió se investigue si la compañía incurrió en una “fraudulenta cesación de pagos” y si realizó “complejas maniobras de lavado de activos” en el exterior.
Además, el organismo antilavado pidió evaluar embargos preventivos a la empresa y la inhibición general de bienes de los imputados en la causa: Macri, González Fraga, el extitular del BCRA Guido Sandleris y dos directivos de la empresa, Alberto Padoan y Gustavo Nardelli.
Esa causa, que tramita el juez federal Julián Ercolini, es el expediente que hoy suscita la mayor atención del Frente de Todos.