El gobierno de Perotti sumó presión sobre el juez de Vicentin

La Nación – Nota – Política – Pag. 12

Germán de los Santos

Criticó a través de un escrito su decisión de devolverle al directorio el control de la empresa y lo insta a aceptar la intervención que pidió la provincia y avala la Casa Rosada
ROSARIO.– El gobierno de Omar Perotti, donde se gestó la nueva propuesta de intervención de Vicentin avalada por la Casa Rosada, sumó ayer presión sobre el juez Fabián Lorenzini, al reclamar a través de una nueva presentación que diera marcha atrás en su decisión de devolverle el control de la cerealera al directorio de la empresa.
En duros términos, el gobierno de Santa Fe instó al juez en lo Civil y Comercial de Reconquista a que avale la nueva versión de intervención de la compañía que propuso el viernes el gobernador Perotti y que suspendió el proyecto de expropiación de Alberto Fernández.
El planteo de Perotti contiene fuertes críticas al juez. Considera que la decisión de Lorenzini “busca estabilidad, pero genera inestabilidad”, y lo acusa de mostrar “un obrar errático que no está a la altura de las circunstancias”, según el escrito que fue enviado por mail a primera hora de ayer al Juzgado en lo Civil y Comercial de Reconquista, que está a cargo del concurso de acreedores de Vicentin, con una deuda de $99.000 millones.
El documento, que tiene el tono de una recusación, es un apéndice de la propuesta que hizo Perotti el viernes al mediodía, cuando desconocían en el gobierno –según admitieron– que el juez había rechazado la intervención nacional y ordenado restituir el manejo de la compañía a los once directivos de Vicentin.
Unos minutos después de que el gobierno hiciera esta nueva presentación, el juez notificó formalmente al subinterventor del gobierno nacional Luciano Zarich y al apoderado de Vicentin Guido Ferullode la decisión que tomó el viernes, cuando avaló una medida cautelar que impulsó la empresa y restableció en sus puestos a los directivos de aquella, con lo que los interventores quedaron relegados a simples veedores.
“Es posible que el juez se tome su tiempo para decidir”, deslizaron en el gobierno. Si Lorenzini no define de manera rápida sobre el plan presentado por Perotti, es posible –según creen en Santa Fe– que empiecen a aparecer otros factores de presión, como el de los 1200 trabajadores que tendrán que cobrar sus sueldos.
Este escenario cargado de incertidumbre se trasladó a las plantas que la agroexportadora posee en San Lorenzo y Ricardone, cerca de Rosario, donde los 800 operarios que trabajan allí esperaban ayer al interventor Luciano Zarich y al gobernador Omar Perotti para saber quién pagaría los sueldos. “La reunión se suspendió porque la intervención no está al frente de la empresa”, afirmó a la nacion Pablo Reguera, titular del gremio de los trabajadores aceiteros.
Luego de las protestas del sábado, que fueron importantes en Avellaneda, una localidad que está separada por una calle de Reconquista, donde se encuentra el juzgado de Lorenzini, el gobierno de Santa Fe busca que el juez tome una decisión lo más rápido posible, en medio de la incertidumbre en la que quedó el manejo de una empresa que no opera en el mercado de granos desde diciembre pasado y debe acordar en el concurso con 2600 acreedores para evitar una quiebra.
Los directivos de Vicentin rechazaron ayer la propuesta de Perotti de que la empresa sea conducida por tres interventores, pero sin la necesidad de expropiación (ver aparte).
“El plan de Perotti es un plan mucho peor, porque da una intervención sin límite de tiempo donde los interventores arman el plan de pago del concurso de acreedores”, apuntó el directivo de la compañía en diálogo con la nacion.
En diálogo con la nacion, el secretario de Justicia de Santa Fe, Gabriel Somaglia, consideró que la decisión que tomó el juez Lorenzini “oscurece la situación en lugar de aclararla”, y adelantó que si la postura del magistrado es irreversible el gobierno “irá subiendo en las instancias judiciales para revertir el fallo” que le devolvió al directorio el manejo de la empresa.
En la Casa Rosada, la atención está puesta en los próximos pasos de Lorenzini. Si bien buscaron bajar el tono de la confrontación desde las protestas del sábado, el futuro de la expropiación dependerá de las medidas que tome el juez.
“No tocamos las acciones de la familia Vicentin, sino que queremos conducir la empresa porque es de interés público”, afirmó Somaglia.
En el escrito que enviaron al juez, la Inspección General de Persona Jurídica señala que el fallo de Lorenzini tiene “contradicciones, confunde conceptos jurídicos y contiene valoraciones infundadas”.
“Devuelve la administración a quienes demostraron no estar a la altura de las circunstancias, conduciendo a la empresa a esta situación, ocultando información sobre la conformación del grupo empresario, dándoles tiempo para continuar con el vaciamiento de sus patrimonios personales, personas que además están siendo investigadas por graves delitos tanto por tribunales del país como del extranjero”, le recuerdan al magistrado.