El delegado del Gobierno inició la intervención en Vicentin

 

La Nación – Nota – Política y Economía – Pag. 6

Germán de los Santos

Hubo acuerdo con la empresa y el subinterventor pudo ingresar ayer en las oficinas de la compañía sin sufrir “escraches”; la primera reunión con los ejecutivos fue casi protocolar
El escribano oficial, Carlos Gaitan, al salir ayer de la sede de Vicentin

AVELLANEDA, Santa Fe.– Esta vez eligieron un horario diferente, cercano a la siesta, cuando Avellaneda se transforma en una ciudad fantasma, para formalizar la intervención en Vicentin. Luciano Zarich, el subinterventor designado por el Gobierno, consiguió ayer –tres días después de llegar a esta ciudad del norte de Santa Fe– entrar en las oficinas de la empresa y dar por iniciada la intervención anunciada por el presidente Alberto Fernández el lunes pasado, una medida que se tuvo que posponer por las protestas que se desataron en esta ciudad luego de conocida la posible expropiación de la compañía.
Poco después de las 15 de ayer, una camioneta Toyota Hilux gris estacionó de culata en el garaje de la empresa, frente a la Plaza 9 de Julio, epicentro de las protestas, para que Zarich pudiera subirse rápidamente.
El temor era que se originara un nuevo “escrache” contra el funcionario, como ocurrió el martes pasado.
Pero en el horario elegido de la siesta los funcionarios y síndicos pudieron entrar y salir sin problemas.
La carpa que instalaron los trabajadores de Vicentin en la sede de la empresa estaba vacía.
La intervención se firmó esta vez de manera consensuada con la empresa, según explicaron a la nacion fuentes de Vicentin, unas tres horas antes de que se concretara el encuentro en Olivos entre el Presidente y el CEO de la agroexportadora, Sergio Nardelli, y otros funcionarios.
“No tiene ningún sentido que Vicentin resista la firma de la intervención”, señaló a LA NACION, una alta fuente de la empresa que participó de la reunión que encabezó Zarich, que diferenció este plano de una posible expropiación, el otro capítulo de esta trama.
Un alto directivo de la empresa señaló que después de que el Presidente se comunicara el miércoles pasado varias veces con Nardelli, tras las protestas que estallaron en Avellaneda y se amplificaron en las principales ciudades del país, se abrió una instancia de diálogo con la conducción de Vicentin, que no quiere tensar aún más la situación, por lo que accedieron a que se rubricara la intervención.
El otro paso, de acuerdo con las fuentes de la agropexportadora, es que el juez en lo Civil y Comercial de Reconquista Fabián Lorenzini avale la designación de los interventores.
Este nuevo capítulo serviría para darle respaldo jurídico al DNU que fue publicado el martes pasado en el Boletín Oficial en el que se establece la intervención.
En la reunión participaron el escribano oficial Carlos Gaitan, Zarich y el síndico Ernesto García, del estudio Baravalle & Granados, junto con directivos de Vicentin. El primer encuentro transitó por un plano formal, casi protocolar en un buen clima, a pesar de la fuerte custodia de efectivos de la Policía Federal de civil, advirtió uno de los representantes de la empresa.
El otro capítulo abierto en esta trama es la expropiación, una medida que anunció el presidente el lunes y descolocó a la empresa que como el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, no esperaban que entre los planes del gobierno estuviera la expropiación.
Ahora con la instancia de negociación que se abrió se espera que ese escenario quede atrás. Vicentin evalúa que pueda activarse un nuevo esquema de negociación, según las fuentes. Una de las opciones a la que aspiran es la posibilidad de que del intento de expropiación se pase a la conformación de una empresa mixta, entre YPF Agro y Vicentin.
La agroexportadora debe 99.000 millones de pesos a 2600 acreedores, según la causa de la convocatoria de acreedores. Las plantas estuvieron paralizadas tres meses, pero desde hace abril empezaron a trabajar a fasón con girasol y soja, con lo que un 40 por ciento de la capacidad de molienda de las plantas de Ricardone, San Lorenzo y Avellaneda, estaba activa. “Vicentin pagó la semana pasada 100 millones de pesos a proveedores para poder cumplir con la recuperación de las plantas”, afirmó un directivo para señalar que no había intención de la empresa de quebrar (ver página 10).
El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, busca transformarse ahora en una especie de mediador entre el Gobierno y Vicentin para evitar la expropiación. Este reperfilamiento de su posición se cristalizó en que estuvo presente en la reunión en Olivos, a diferencia de lo que ocurrió el lunes pasado.
Los miembros del gabinete de Perotti no tenían conocimiento de que Fernández iba a poner sobre la mesa la posibilidad de expropiar una de las empresas más grandes de Santa Fe. El ministro de la Producción, Daniel Costamagna, un hombre del círculo cercano del gobernador, declinó su renuncia por la relación que tiene con Perotti, pero blanqueó en una reunión en la Legislatura de Santa Fe su oposición al proyecto del Presidente. Una grieta se abrió en el propio gobierno santafesino.
“El gobernador apuesta a recomponer la relación entre el Gobierno y la empresa sobre la base del diálogo para buscar una salida consensuada a este problema”, sostuvo ayer una fuente cercana a Perotti.
La postura del gobierno de Santa Fe es que la empresa sea intervenida por un plazo determinado, en acuerdo con el juez de la convocatoria de acreedores y la empresa, y luego se defina un plan de negocios, con la posibilidad de que se cree un fideicomiso con participación de YPF Agro y las cooperativas, fundamentalmente ACA, que tiene deudas por más de 100 millones de dólares dentro de la convocatoria de acreedores.
El gobierno santafesino quiere tener una mayor participación en este capítulo de la crisis de Vicentin, luego de que anteayer el nivel de tensión bajara un escalón. La postura de la empresa de aceptar el interventor designado por el Gobierno, Gabriel Delgado, si es avalado por el juez, abrió un espacio de diálogo sobre el cual quiere trabajar Perotti.
Como ocurre con Alberto Fernández y la permanente tensión en la coalición oficialista, en Santa Fe hay sectores del kirchnerismo, con representación en el gabinete de ministros, que están a favor de la expropiación de una empresa que tiene una deuda con el Banco Nación de más de 300 millones de dólares.