El daño ya está hecho y le pegará a la inversión

La Nación – Nota – Economía – Pag. 12

Néstor O. Scibona

A nadie se le ocurriría derribar el techo de una casa para arreglar una gotera; menos aún sin recursos y detrás de una consigna épica. Esta desproporción es semejante a la del DNU que dispuso la intervención estatal de la agroex- portadora Vicentin, pasando por arriba al juzgado santafesino que tramitaba su concurso preventivo y como paso previo a la expropiación por ley que deberá tratar el Congreso bajo el discutible argumento de asegurar la “soberanía alimentaria”.
Aunque solo en los últimos dos días se inició un diálogo con los directivos de la empresa, los fundamentos políticos de la sorpresiva decisión del gobierno de Alberto Fernández agregan otra hoja al frondoso prontuario argentino de inseguridad jurídica, cualquiera sea el desenlace. Por lo pronto, el interventor oficial Gabriel Delgado deberá ocuparse de verificar la actual situación de la cerealera, que no dejó de pagar los sueldos, así como de las 18 empresas del holding agroindustrial. En principio no estarían incluidas en el proyecto de expropiación, que ingresaría al Senado la semana entrante.
No importa a esta altura si la iniciativa fue de La Cámpora o del Presidente, por más que Anabel Fernández Sagasti (la senadora mendocina ultra K autora del desprolijo proyecto de ley) le agradeciera públicamente el gesto. Ni que tampoco llegaba a tanto la propuesta que la diputada Fernanda Vallejos siquiera llegó a escribir y fue descartada como “idea loca” por el propio Alberto F. apenas 11 días antes de anunciar el combo de intervención sorpresiva-expropiación directa. Lo concreto es que de golpe reaparecieron los fantasmas estatistas e intervencionistas del segundo mandato de Cristina Kirchner (YPF, Ciccone, Papel Prensa) con letra y música del primer peronismo, junto con el consabido apoyo sindical de la CGT y la CTA cuyos dirigentes imaginan al campo como en las viejas películas de Hugo del Carril.
Con este preludio, el daño ya está hecho: genera una desconfianza en el sector privado que, más temprano que tarde, afectará las decisiones -locales y extranjeras- de inversión en el país, imprescindibles para que
en la etapa pospandemia la economía pueda salir, al menos, del estancamiento de los últimos diez años.
Algunos especialistas que conocen por dentro el ecosistema agrícola coinciden en que, dentro la deuda total de Vicentin, de $100.000 millones en números redondos, el problema más urgente está en los productores que le vendieron soja y no cobran desde el 4 de diciembre, cuando entró en cesación de pagos. De todos modos, algo más de dos tercios de ese monto corresponden a 37 entidades financieras, con el Banco Nación a la cabeza y a 19 organismos tributarios (nacionales, provinciales y municipales). La empresa pidió su concurso preventivo en febrero y el juez del fuero comercial de Reconquista, Fabián Lorenzino, lo aprobó a comienzos de marzo, dos semanas antes de la cuarentena que se convirtió en feria judicial y complicó aún más la situación.
Si se supone que el resto de la deuda alcanza a $30.000 millones y la mitad (equivalente a solo un millón de toneladas de soja) corresponde a los productores, la alternativa más efectiva y directa -aunque políticamente menos ruidosa- hubiera sido que YPF Agro recomprara ese volumen a cambio de ventas anticipadas
de gasoil e insumos agrícolas. Esta operación forma parte de su funcionamiento habitual a través de su amplia red de distribuidores y no alteraría el procedimiento concursal, donde solo la verificación deudas con los 2600 acreedores de Vicentin podría llevar más de un año. Tampoco la investigación de presuntas irregularidades financieras o aduaneras.
Otras opciones serían que los bancos acreedores capitalizaran un determinado porcentaje de acciones durante un período de dos años y posterior recompra por la empresa, o un acuerdo entre privados, restringido ahora por la exigencia del gobierno de compradores de capital nacional. Probablemente, porque José Luis Manzano habíaacercado a un fondo de inversión externo sin antecedentes conocidos en el sector agroindustrial.
El argumento oficial es que la única forma de mantener operativa a la cerealera es la expropiación mediante el pago con las deudas que mantiene con el BNA y la AFIP y el traspaso de sus activos a un fondo fiduciario administrado por YPF. En teoría el Estado podría pedir su quiebra, pero en la práctica no es posible con el concurso preventivo frenado por la feriajudicial. De ahí que la presente como un “rescate” de la empresa, a la que autodeclaró estratégica, para preservar las fuentes de trabajo. Es cierto que, en medio de la pandemia del Covid, muchos países rescataron compañías privadas, ya sea sosteniendo el valor de sus acciones o refinanciándoles deudas para evitar su quiebra, pero no para estatizarlas definitivamente.
El camino elegido no sólo ensanchó la grieta entre el oficialismo y la
oposición, con cacerolazo incluido, ante la sospechosa coincidencia con la cinematográfica denuncia de CFK de una supuesta y vasta asociación ilícita para auto exculparse de las causas judiciales en su contra por el mismo delito. A esto se suma el pedido de la UIF- bajo control K- de sumarse como querellante contra los dueños de Vicentin, los ex presidentes del BNA y el BCRA y Mauricio Macri. También divide aguas entre las entidades agropecuarias, así como empresarias dentro y fuera del sector agroindustrial.
Por lo pronto, la participación de YPF Agro – una línea de negocios de la petrolera y no una S.A como erróneamente aparece en el proyecto de ley de Fernández Sagasti-, puede beneficiar a los productores que no cobraron sus ventas a Vicentin. Pero también complicar al sector de bio- combustibles, donde sobra capacidad ociosa debido al congelamiento de precios que impide aumentar la mezcla con naftas y gasoil. La cámara del sector (Carbio) se pronunció ayer en contra de la intervención.
Hasta el propio Roberto Lavagna, a quien el Presidente había invitado hace diez días a Olivos para mostrar una señal de moderación ante empresarios, tuiteó luego que no bastan el Estado y los amigos del poder para que las cosas salgan bien. Así advirtió que con la soberanía alimentaria puede ocurrir lo mismo que con la “soberanía hidrocarburífera”, invocada en 2012 para expropiar el 51% de YPF que costó entonces más de US$5000 millones de resarcimiento a Repsol y ahora un juicio por otros 3000 millones. Como explicó Carlos Pagni en LN, la inclusión de YPF en el proyecto de expropiación absorbiendo al personal de Vicentin, confirma la figura jurídica de alter ego que los abogados del gobierno niegan para evitar un fallo adverso del tribunal de Nueva York.
No es la única complicación jurídica, que presagia otros juicios contra el Estado. Por caso, uno de los principales acreedores de Vicentin es la CFI, el brazo del Banco Mundial para financiar inversiones del sector privado. A su vez, la suiza Glencore, que a fin de 2019 aumentó de 50 a 67% su participación en Renova, pasará de golpe a ser socio del Estado.
Para completar el cuadro de malas señales, todo esto ocurre en la fase decisiva de la negociación de la deuda con acreedores privados, que acaba de prorrogarse otra semana. No será fácil para el ministro Guzmán explicar cómo el Estado argentino en virtual default por no pagar un vencimiento de US$500 millones decide hacerse cargo de una empresa con una deuda de US$1400 millones.