Alberto se aleja del albertismo

La Nación – Nota – Opinión – Pag. 19

Francisco Olivera

Tal vez porque la metáfora se convirtió en inevitable, Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo y siempre prudente en las palabras, tampoco la esquivó delante del auditorio de LIDE Argentina, una agrupación que reúne a representantes de empresas como Nestlé, Johnson & Johnson, La Caja, Rolex, Bimbo, MasterCard, Maxiconsumo, Los Grobo, Fiat, Pepsico, Puente, Nokia o Galeno: “Que nadie crea que tenemos algo que ver con Venezuela”, dijo anteayer. Para cualquier funcionario del mundo cuya área se propone atraer inversiones, tener que aclararlo representa en sí mismo una catástrofe. Pero la Argentina siempre necesita ser explicada.
El caso Vicentin sorprendió a todos. Trastocó, por lo pronto, la idea del modelo “pospandemia” con que los diez empresarios invitados la semana pasada a Olivos habían regresado de la reunión con Alberto Fernández. “No tengo problemas con ninguna compañía” fue aquel día la definición presidencial, pero varios de ellos ven ahora un mensaje contradictorio con el proyecto de intervención. Es cierto que Kulfas venía pensando desde hacía semanas en una solución para los acreedores y que las dificultades de la cerealera no empezaron con este gobierno. Aparecieron en realidad en diciembre, al cabo de un año explosivo que incluyó no solo recesión, sino aumentos en las retenciones a las exportaciones y tres devaluaciones. Una de ellas, la peor, la tercera más abrupta de la historia: la de la semana del 12 de agosto pasado, cuando el mercado entró en pánico por el resultado de las primarias y el dólar saltó a 60 pesos. El deterioro de la empresa quedó expuesto por primera vez el 4 de diciembre, una semana antes de que asumiera Alberto Fernández. Eran alrededor de las 21 y, en
uno de los rincones del cóctel de fin de año de la agencia corredora de granos J. J. Hinrichsen, un productor le preguntó a otro si había podido cobrar de Vicentin porque, dijo, le estaban informando de tesorería de su propia firma que el pago no había entrado. “Vamos a preguntarles a ellos mismos, que están ahí”, resolvieron, y se acercaron entonces a ejecutivos de la cerealera, también invitados. Lo que pasó después es una anécdota conocida entre los asistentes: el rumor se expandió, los de Vicentin se retiraron de la fiesta y, diez horas después, a la mañana siguiente, ya se había generado la corrida. Una situación propia de tiempos de crisis en esta industria, que trabaja con lo que la jerga conoce como “sistema de mercadería a fijar”: los chacareros entregan la producción a grupos con capacidad para exportar y, cuando ven que el precio internacional es atractivo o lo consideran oportuno, deciden cobrar la operación. Algo que, como en los bancos, es imposible hacer todos al mismo tiempo.
Con todo, el rumbo tomado esta semana por el Gobierno representa para el establishment económico el menos aconsejable. No tanto por la medida en sí misma como por el lugar desde donde sospechan que surgió: el Instituto Patria. Es lo que todos interpretaron al ver en la conferencia a la senadora camporista Anabel Fernández Sagasti, autora del proyecto de expropiación. “Muchas gracias por haber escuchado la idea”, le dijo ella al Presidente. La puesta en escena no solo molestó a empresarios, sino a dirigentes del PJ que sueñan con una menor gravitación del kirchnerismo en la gestión y en las listas del año próximo y vienen notificándose gradualmente del desengaño. La verdad parece ya indisimulable: Alberto Fernández es menos albertista que ellos. Al día siguiente del anuncio, como Kulfas, el Presidente se dedicó a aclarar. “No es que Cristina me esté mandando o que estoy calmando al espacio de nuestro sector político que reclama este tipo de cosas -le dijo a Ernesto Tenembaum en Radio con Vos-. En este mismo tema, hago memoria, Cristina cenó conmigo el jueves, si no me equivoco, y le dije: ‘Che, mirá, este fin de semana voy a hacer esto, qué sé yo’, y me dijo: ‘Ah, mirá qué bien, lo entiendo’, y ahí coincidimos en la mirada. Pero no es que yo le estuve preguntando a Cristina: ‘¿Qué te parece que hago?’. No fue así”.
La Argentina es difícil de entender. La consultora Eurasia, con sede en Washington, que le venía manteniendo al país la calificación para el largo plazo en “neutral”,
la bajó esta semana al rango de “negativa”. Y en su informe incluye este párrafo: “Las personas cercanas a Cristina han ido ganando influencia en la administración, y ahora ella está claramente más centrada en la política, algo que también determinará los tipos de decisiones que se tomarán. Fernández no solo no se opone a políticas más intervencionistas, sino que tampoco tiene capacidad política para resistir los impulsos más radicalizados de la vicepresidenta”.
El proyecto aglutina en el rechazo a sectores de la oposición y a productores agropecuarios. Pero provocó hasta ahora disidencias en las entidades empresariales, algunas de las cuales tienen como miembros a acreedores de Vicentin y, por lo tanto, sensaciones encontradas: el miedo a nuevas expropiaciones convive ahí con anhelos de rescate estatal. Pasó el martes, al día siguiente del anuncio, durante la junta directiva de la Unión Industrial Argentina, donde hubo objeciones generalizadas a la medida, en especial de dirigentes del interior, pero también cuatro voces que, con distintos argumentos, intentaban entender la situación: José Ignacio de Mendiguren, el salteño José Urtubey y los santafesinos Guillermo Moretti y Walter Andreozzi. Al terminar, las autoridades confeccionaron un comunicado que suponían equilibrado, pero que los más irritados con la expropiación calificaron de “tibio”. Por eso algunas entidades fueron más críticas después. Por ejemplo, la alimenticia Copal, donde consideran absurda la noción de “soberanía alimentaria” empleada por el Presidente. ¿Hay algún ámbito en que ese principio corra menos riesgo que en ese sector, que exporta 25.000 millones de dólares por año e importa apenas 1500 millones? La Argentina abastece con esos productos al mundo, al que solo le compra un puñado: cacao, café, bananas y pasta de tomates.
El concepto utilizado por el Gobierno en la conferencia remite más bien a países no productores. Y cayó mal incluso entre partidarios de la expropiación, algunos de ellos, líderes peronistas, que ven ahora a Alberto Fernández desgastarse en explicaciones elementales como la que asegura que es él, el presidente de la Nación, quien toma verdaderamente las decisiones. O la promesa de que no habrá otra Vicentin. “Ya tendrán tiempo de compararnos con Venezuela”, se defendió él con ironía. Quienes llegaron a ilusionarse en diciembre con su despegue pensaban que había lugares y asuntos sobre los que no valdría la pena detenerse ni en broma.