Rechazo de expertos y la oposición a la estatización de las empresas

La Nación – Nota – Política – Pag. 15

Delfina Torres Cabreros

“Es violentamente inconstitucional”, consideran los analistas sobre la propuesta de la diputada Vallejos para que el Estado se quede con acciones de las firmas que reciben ayuda; en Juntos por el Cambio lo consideraron “chavista”
Si bien todavía permanece en el plano de las ideas, la propuesta de la diputada nacional Fernanda Vallejos para estatizar parte de las acciones de las empresas que reciben ayuda estatal comenzó a generar preocupación en el sector privado y provocó un fuerte rechazo en la oposición.
La legisladora kirchnerista sugirió que el Estado se quede con una participación en el capital accionario de aquellas grandes empresas que asiste mediante el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), destinado a paliar los efectos de la crisis generada por el coronavirus.
Para los expertos en materia de derecho societario consultados por la nación, aplicar retroactivamente la propuesta de Vallejos -es decir, aplicarla compulsivamente a las empresas que ya accedieron al beneficio- sería “violentamente inconstitucional”.
En cambio, sí se podría pensar en reformar las bases de la ayuda e incluir una cláusula para que los préstamos impagos se cobren en participación accionaria. Es situación, sin embargo, pondría a las empresas entre la espada y la pared: o desestiman una ayuda económica que puede serles vital en el marco de una crisis excepcional o se exponen a la amenaza de ceder parte de su estructura accionaria.
“El punto de partida de la idea es ya un disparate constitucional, porque las condiciones no están impuestas desde antes, sino que el Estado te da una ayuda y te dice después: ‘Por la ayuda que te di, ahora me voy a quedar con tus acciones’”, ejemplifica Máximo Fonrouge, presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y especialista en derecho comercial societario. Para Fonrouge, incluso si las empresas supieran las condiciones de antemano, existiría un problema de “proporcionalidad” en la medida. “Por una ayuda circunstancial el Estado no se puede quedar con las acciones de una empresa que demandó años de trabajo e inversión”, apunta.
“Desde lo jurídico, la propuesta de la diputada Vallejos viola gravemente derechos constituciona- les básicos, como el de propiedad e igualdad”, apunta la abogada Jimena Vega Olmos, para quien también implica “una suerte de expropiación encubierta”. Para Diego Ferrari, del estudio Cambiaso & Fe- rrari Abogados, no debería haber chances de que la idea se aplique de manera retroactiva porque eso “transformaría unilateralmente un subsidio en un avance sobre la propiedad de un particular, implicaría una expropiación y afectaría los artículos 16 y 17 de la Constitución Nacional”. Además, el abogado pone sobre la mesa otro elemento: muchas de las firmas que recibieron el programa de ATP son sucursales o filiales de sociedades extranjeras. “O sea que aplicarlo retroactivamente o aplicarlo mal implica terminar en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi)”, amplía.
Rechazo de la oposición “Extorsión”, “Venezuela”, “asalto”. La oposición calificó en duros términos la polémica propuesta de Vallejos. Todos los espacios que integran Juntos por el Cambio fustigaron la iniciativa. Patricia Bull- rich, presidenta de Pro, fue una de las más duras y apuntó al presidente Alberto Fernández como uno de los impulsores en las sombras.
“El Presidente manda a Vallejos a presentar un proyecto que convierte a la Argentina en la Venezuela de Chávez. Hambre y pobreza extrema al grito de ‘exprópiese’. El dinero es de la gente, no son los dueños del país”, dijo Bullrich. El diputado Luis Petri (UCR), en tanto, calificó el proyecto de un “asalto” y presentó un proyecto para prohibir que la ayuda económica del Estado en este contexto sea un justificativo para apropiarse de parte de las empresas.
Maximiliano Ferraro, diputado por la Coalición Cívica, en tanto, le preguntó a la diputada: “¿Y si empezamos por todos los bienes y dinero obtenidos por delitos de corrupción y narcotráfico?”. Para el presidente del bloque de Pro en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, el proyecto es una “extorsión”.
En paralelo, Mario Negri, titular del interbloque opositor, apuntó ayer en una conferencia contra maniobras oficialistas en la Justicia y dijo que buscan garantizar la “impunidad” de Cristina Kirchner.

Mario Negri, presidente del interbloque de Juntos para el Cambio, criticó ayer las iniciativas del kirchnerismo

CRÍTICAS A LA PROPUESTA

Patricia Bullrich JUNTOS POR EL CAMBIO “El Presidente manda a Vallejos a presentar un proyecto que convierte a la argentina en la Venezuela de Chávez

Maximiliano Ferraro COALICIÓN CÍVICA “¿Y si empezamos por todos los bienes y dinero obtenidos por delitos de corrupción y narcotráfico?”

Máximo Fonrouge COLEGIO DE ABOGADOS “La idea es un disparate constitucional. El Estado te da primero una ayuda y después te dice: me quedo con tus acciones”

Luis Petri UCR “No es una opinión aislada. Es atentar contra el derecho de propiedad y una confiscación de bienes encubierta”