Inflación y precios regulados (1° nota)

Héctor Rubini

La regulación de precios para combatir la inflación no es nueva como principal arma antiinflacionaria en nuestro país.
Tampoco como instrumento complementario de otros, sea en estabilizaciones de shock, o en programas de defensa de “la mesa de los argentinos”, o de “solidaridad” redistributiva.
En cualquiera de esos casos, la experiencia argentina de los últimos 80 años es, de mínima, decepcionante. Los programas basados en controles de precios básicamente han consolidado escenarios de inflación reprimida, generando expectativas acumulativas de saltos de precios a partir del día después de los controles.
Una fecha que en no pocos casos es, de facto, incierta.
Los programas en base a controles de precios han tenido, en general, un éxito bastante efímero.
En las últimas décadas el más convincente fue el Plan Austral de junio de 1985, con congelamiento de precios con reforma monetaria y fiscal y desindexación de contrato.
El programa redujo la inflación de 30,5% mensual en junio de 1985 a 6,2% en un mes, y luego se mantuvo por debajo del 5% mensual hasta mayo de 1987. Sin embargo, la inflación se aceleró sin pausa desde entonces hasta los estallidos hiperinflacionarios entre junio de 1989 y marzo de 1991.
Luego de la experiencia opuesta de la Convertibilidad, basada en el control de un solo precio (el tipo de cambio), con un inicial ajuste fiscal, apertura comercial y desregulación de mercados, los controles de precios y mercados retornaron a partir de 2002. Los mismos se acentuaron a partir de 2003, pero no lograron estabilizar la inflación. Por el contrario, incubaron la expectativa de inflación y devaluación reprimidas, que fueron luego liberadas a partir de diciembre de 2015. La administración que completó su período de gobierno en diciembre pasado no logró, sin embargo, estabilizar los precios ni el tipo de cambio. Si bien no se llegó a una hiperinflación, la suba de precios del año pasado ha sido la mayor desde 1991, ubicando a nuestro país entre los cuatro más inflacionarios del planeta.
La nueva administración encaró esta realidad con foco en calmar las pujas distributivas y tratar de desindexar gradualmente la economía.
Algo que exige no sólo una estabilización de expectativas de inflación sino una rápida desinflación, caída de tasas de interés y la reversión de la caída de la actividad acentuada en la crisis cambiaria de 2018-2019. Algo que depende del éxito en resolver rápidamente la reestructuración de la deuda pública y en dilucidar algún programa económico en línea con la futura Ley de Presupuesto 2020.
La transición elegida para las primeras semanas de la nueva gestión es la de administrar aumentos de suma fija de salarios y jubilaciones, y moderar las pujas distributivas desde un futuro Consejo Económico y Social. Un Consejo cuya creación y puesta en funcionamiento no admitiría ya demoras, si se prevé que sea el órgano efectivo para administrar ajustes de ingresos nominales y controles de precios.
Por ahora sólo se ha retornado al esquema de Precios Cuidados.
Un conjunto de precios de referencia para desalentar “desalineamientos” en los ajustes de precios. Sin embargo, como lo ha evidenciado la experiencia entre 2011 y 2015, y sus desdibujadas versiones entre 2016 y 2019, son insuficientes para estabilizar expectativas. Exigen la complementariedad con una efectiva organización privado-pública para tornar operativa una red competitiva de comercios de proximidad y, tratándose de un instrumento de intervención estatal explícita, de una activa supervisión oficial.
El “ideal” para cualquier maníaco por las regulaciones sería un vigilante-inspector por boca de expendio, y de aplicarse a rajatabla una ley de góndolas, uno por góndola o grupo de góndolas. Algo en extremo ineficiente, y de muy difícil implementación en un país territorialmente extenso y con significativa informalidad. Eso exige un aceitado sistema de denuncias de desvíos y de incumplimientos de acuerdos con las autoridades con un régimen legal efectivo de prevención y castigo de conductas abusivas entre empresarios y contra los consumidores.
Sin esas condiciones, no es fácil estabilizar precios de manera permanente si se sostienen políticas monetarias expansivas.
Tampoco si no se garantiza ni en el presente ni para el futuro una estabilización simultánea de precios y de ingresos, creíble y persistente. Y esto requiere una reducción permanente del déficit fiscal total (no sólo del primario) y una política monetaria percibida como antiinflacionaria.
La opción de reducir el déficit fiscal primario con tarifas pública y tipo de cambio semifijos permite ganar tiempo y cierta amortiguación en las expectativas inflacionarias.
Sin embargo, no es claro que se pueda sostener en el tiempo.
Si se implementa vía baja de gastos superfluos no es lo mismo que si se opta por una mayor presión tributaria, y con énfasis en gravar actividades exportables.
La primera opción contribuye a reducir la brecha entre cualquier medida de tipo de cambio real observado y otra de tipo de cambio real de equilibrio de largo plazo.
La segunda, en cambio a aumentarla.
En el primer caso pueden caer las expectativas de devaluación de la moneda y de inflación, pero en la segunda dichas expectativas tienden a aumentar.
Si en el ínterin no cede la emisión monetaria, se torna inevitable el progresivo escepticismo sobre la efectividad y sustentabilidad de un esquema de controles de precios e ingresos con mayor presión tributaria, sobre todo si por otro lado no cede la emisión monetaria. En el caso actual de Argentina, la sustitución de pagarés del Banco Central por pases pasivos no contrae el pasivo cuasifiscal de la autoridad monetaria, de modo que la estabilización de las expectativas de inflación no va a ser tarea fácil. Tampoco el logro de una rápida y efectiva transmisión de la baja de tasas de interés interbancarias, al costo del crédito para consumo, y para pequeñas y medianas empresas.
Si en el futuro el núcleo de la estabilización será un nuevo régimen de controles y el BCRA no opta por una política monetaria predecible e independiente del Tesoro, ¿qué podría tener entonces en mente la autoridad monetaria? ¿Certezas de que una mayor liquidez será reciclada a la actividad privada, reactivando la economía sin impacto inflacionario? ¿O temores de que la actividad puede caer tanto o más que el año pasado y, por tanto, se emite ahora para desalentar expectativas de mayor emisión futura? ¿Y si no? Las respuestas que puede imaginar el sector privado no son únicas, pero son cruciales para el buen final de controles de precios transitorios.
En la próxima nota se explorarán algunas de esas conjeturas o creencias, que en el escenario actual de nuestro país pueden ser fundamentales para creer o bien en el éxito o en el fracaso de una estrategia de “estabilización” basada, hasta ahora, sólo en controles de precios e ingresos.