El oficialismo analiza cambios para aprobar la emergencia con amplía mayoría

Laura Serra

El oficialismo tiene el apoyo necesario en Diputados; aceptaría modificaciones para garantizar que las jubilaciones no pierdan frente a la inflación y segmentar las retenciones
El oficialismo cuenta con los votos suficientes para aprobar hoy en general el proyecto de emergencia del gobierno de Alberto Fernández, pese a que el principal bloque opositor, Juntos por el Cambio, anunció que no daría quorum.

De todas formas, el oficialismo analizaba anoche algunas modificaciones que reclama la oposición en dos temas claves: retenciones al agro y la suspensión de la movilidad jubilatoria. El peronismo no descarta eventuales cambios, que podrían sumar votos para aprobar el proyecto por amplia mayoría.

En materia jubilatoria, por caso, se estudia una resolución de la Anses que garantice que los futuros aumentos que se otorguen por decreto no perderán frente a la inflación. Además, se habría acordado que la nueva fórmula de movilidad jubilatoria sería discutida por el Congreso y no se impondría por decreto. En cuanto a las retenciones, el reclamo es segmentarlas para proteger a los medianos y pequeños productores.

Una certeza y una duda sobrevolaban anoche la Cámara de Diputados, en vísperas del debate del megaproyecto de emergencia que envió el Gobierno al Congreso. El oficialismo cuenta con los votos suficientes para aprobar en general la iniciativa, pese a que el principal bloque opositor –Juntos por el Cambio– anunció que no daría quorum. La duda pendiente es si el oficialismo aceptará algunas de las modificaciones que reclama la oposición en dos temas claves: retenciones al agro y la suspensión de la movilidad jubilatoria.

En el oficialismo no descartan eventuales cambios. En materia jubilatoria, por caso, se estudia una resolución de la Anses que garantice que los futuros aumentos que se dictaminen por decreto no perderán frente a la inflación. Beneficiaría a los haberes hasta $20.000, trascendió de fuentes legislativas.

Además, se habría acordado que la nueva fórmula de movilidad jubilatoria será discutida por el Congreso y no se impondría por decreto. Sobre las retenciones no hay demasiadas precisiones, pero el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, anticipó ayer que se podrían instrumentar mecanismos compensatorios para los pequeños y medianos productores agropecuarios.

Por de pronto, el oficialismo se alzó ayer con el dictamen del proyecto, luego de más de diez horas de debate en el plenario de las comisiones de Presupuesto y de Legislación General de la Cámara baja. Por allí desfilaron los ministros Claudio Moroni (Trabajo), Ginés González García (Salud), Daniel Arroyo (Desarrollo Social), Kulfas (Desarrollo Productivo) y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, además de los secretarios de Política Tributaria, Roberto Arias, y de Hacienda, Raúl Rigo. Todos plantearon el mismo diagnóstico: el país está en emergencia, lo que amerita medidas de emergencia.

El argumento de los funcionarios encontró el apoyo de un sector de la oposición: los interbloques Federal –con disidencias– y Unidad Federal para el Desarrollo suscribieron el dictamen y anticiparon que darán quorum. Con este aporte opositor el oficialismo tendrá diputados más que suficientes para arrancar el debate, aun con el faltazo anunciado de Juntos por el Cambio.

En un momento, el bloque que conduce Máximo Kirchner temió que la sesión fracasara por falta de quorum; tenía un faltante de 23 diputados tras la renuncia de los legisladores que partieron a cumplir funciones al Poder Ejecutivo y a sus provincias. Al final, luego de que los gobernadores radicales Gerardo Morales (Jujuy), Rodolfo Suárez (Mendoza) y Gustavo Valdés (Corrientes) cuestionaran por Twitter la actitud de su propia tropa en Diputados, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, aclaró que no iba a obstaculizar la ceremonia de jura de los nuevos diputados, lo que alivió las tensiones con el oficialismo.

No a las facultades delegadas

En lo que Juntos para el Cambio no dará marcha atrás es en su decisión de no dar quorum cuando se debata el megaproyecto de emergencia. Lo votará en contra: considera que la excesiva cantidad de facultades que se le delegan al Poder Ejecutivo supera la ley de emergencia de 2002, en la peor crisis económica y social de historia argentina reciente.

“No apoyaremos esta ley de ‘multi-emergencias’ que envió el Gobierno, ya que conlleva el desguace de las facultades del Congreso”, confirmaron en esa bancada.

No solo el oficialismo fustigó la actitud del principal bloque opositor. En el interbloque Federal, Graciela Camaño calificó la postura de sus colegas de “chicanera y antidemocrática”. Y criticó: “Dejaron al país al borde del precipicio y con esta actitud buscan que se termine de caer”. De todas maneras, aclaró que ella y su bloque tenían importantes disidencias con el megaproyecto oficialista y plantearían modificaciones. Anteanoche, por caso, tuvo una primera reunión con Máximo Kirchner: junto con Eduardo Bucca, jefe del interbloque Federal, plantearon sus diferencias con el proyecto. Esa noche lograron una primera concesión: la eliminación del polémico artículo 85, que otorgaba amplias facultades al Gobierno para intervenir en los organismos descentralizados. “Una grosería”, coincidieron todos los bloques de la oposición.

Pero el pedido de modificaciones excede este controvertido artículo. En su despacho, el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, analizó con Vilma Ibarra, secretaria legal y técnica de la Presidencia, los pedidos y las propuestas que les llevaron, durante la tarde, diputados de la oposición.

En el interbloque Federal, el diputado Alejandro Rodríguez sugirió que, en materia de retenciones, se aplique un esquema de reducción de las alícuotas de los derechos de exportación para pequeños y medianos productores, considerando la escala de producción, el tipo de producto y la distancia desde los centros de producción hasta los de efectiva comercialización. Lo mismo planteó Beatriz Ávila, de Unidad Federal para el Desarrollo.

Kulfas, en la reunión de comisiones, recogió el guante. “No se puede segmentar el pago del derecho de exportación, puesto que es un impuesto que pagan las empresas exportadoras –explicó el ministro–. Lo que sí podemos conversar son mecanismos compensadores para pequeños productores. Esto lo podemos instrumentar”.

de la electricidad y el gas hasta una variedad de institutos nacionales, pasando por las superintendencias de seguros y los servicios de salud. También figura la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado que tiene un sensible rol por sus atribuciones para realizar inteligencia financiera. Y la Sindicatura General de la Nación (Sigen), que depende de la Presidencia, pero que tiene autonomía y autarquía para auditar a todas las áreas del gabinete.

El martes, el titular del bloque radical en Diputados, Mario Negri, había anticipado en su comunicado de rechazo al proyecto de ley: “Las facultades que pide el Ejecutivo en el artículo 85 para rediseñar los organismos descentralizados de la administración pública nacional supera las facultades de la ley Dromi, del menemismo; nos parece exorbitante”.

Fuentes del Gobierno argumentaron que se trataba únicamente de una cláusula por el “reordenamiento general” que implicaría la aplicación de nuevas medidas económicas.

“Como la ley plantea una estructuración general, pueden quedar algunas áreas desalineadas. El concepto es solo para optimizar el funcionamiento, no es para realizar cambios fuera del control público”, justificaron desde la Casa Rosada a la nacion.

El artículo había sido rechazado por legisladores y referentes de la oposición que advirtieron que, más allá de la voluntad de la gestión de Fernández, otorga facultades para “hacer una reforma del Estado”.

“Los organismos descentralizados son el equivalente al 40% del gasto en personal y la mitad de los trabajadores del sector público”, advirtieron desde la UCR en diálogo con la nacion.

También dirigentes de la Coalición Cívica habían planteado reparos constitucionales sobre el artículo 85 del proyecto de emergencia. Y señalaron que, según el artículo 76 de la Constitución nacional “se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca”.

“Las reformas de organismos autárquicos deberían pasar por el Congreso, no es lo mismo que la ley de ministerios que le da facultades al Presidente para definir su ordenamiento. Esto es más de que lo que solicitó Eduardo Duhalde en 2002”, agregó por su parte Maximiliano Ferraro, presidente de la CC.

Cacerolazo frente al congreso
Convocado por referentes y militantes de Cambiemos, ayer se realizó un cacerolazo frente al ingreso de la Cámara de Diputados, con eje en el rechazo a las medidas que otorgan “superpoderes” al Ejecutivo y la emergencia previsional. La protesta continuará hoy, encabezada por la izquierda, que se movilizará a la Plaza del Congreso en rechazo a la suspensión de la movilidad jubilatoria, por considerarla “una medida de ajuste para el FMI”.