Tras despedir a miles de estatales, Macri aseguró estabilidad a sus funcionarios con un decreto

El mandatario sacó un DNU que obliga al gobierno de Alberto Fernández a mantener a funcionarios designados por Cambiemos en cargos jerárquicos del Estado o bien pagarles millonarias indemnizaciones.
El presidente Mauricio Macri creó este miércoles por decreto un régimen para funcionarios jerárquicos que le confiere estabilidad a los directores generales por cinco años. Además establece que para removerlos, el Estado debe pagar una indemnización equivalente a los sueldos del tiempo que resta para completar ese plazo de cinco años. Desde ATE Capital y los abogados del Estado cuestionaron la decisión, que se toma a catorce días de dejar el Gobierno, y que -según advirtieron- busca perpetuar a funcionarios propios en la gestión de Alberto Fernández o, en caso contrario, proveerles indemnizaciones pagadas por el Estado de decenas de millones de pesos.
Según consignó Página/12 el decreto 788/19, que lleva las firmas de Macri, del jefe de Gabinete, Marcos Peña y del ministro de Trabajo y Producción, Dante Sica, Cambiemos, que promovió el despido de miles de trabajadores estatales a los que tildó de “ñoquis” y “grasa militante” desde que se hizo cargo del Ejecutivo en 2015 ahora busca garantizarle estabilidad a quienes ocupan cargos gerenciales designados por ellos mismos.
El polémico decreto crea el “Régimen de Alta Dirección Pública”, que incluye a directores generales, nacionales o equivalentes, directores y coordinadores. Todos pasan a tener estabilidad por cinco años. Y, en caso de que se los remueva, el Estado deberá pagar el equivalente a los sueldos por lo que resta de esos cinco años.
Para dar un ejemplo, en el caso de un director general que estuviera en el rango más bajo (inicial), la indemnización podría superar los 10 millones de pesos si ingresó este último año. Para esto, el decreto homologa un acta acuerdo que fue convalidada por UPCN y rechazada por ATE. Desde el Gobierno negaron que el decreto permita la permanencia de sus funcionarios y sostuvieron que “promueve un sistema de concursos más transparente”.
El secretario gremial de ATE Capital, Luciano Fernández, advirtió a ese medio que “a 14 días de terminar su mandato, Mauricio Macri continúa su tarea de condicionar y dejar un campo minado a Alberto Fernández”.
Por su parte, la Asociación Gremial de Abogados del Estado (AGAE) cuestionó que el régimen de ingreso dispuesto por el decreto de Macri para cargos jerárquicos tiene “exigencias mucho más laxas de idoneidad técnica y profesional que el vigente, un sistema de remuneraciones desproporcionadamente alto con respecto al resto, y otro indemnizatorio inédito para el caso de pérdida de la función -con retención de categoría-, pergeñado con la obvia intención de facilitar la permanencia de los funcionarios designados discrecionalmente por el Gobierno saliente.
El gobierno de Macri ya había generado polémica al lanzar en los últimos meses un llamado a pases a planta de 2352 cargos, de los cuales unos pocos eran jerárquicos. En aquel momento, ATE Capital presentó un informe en el que advirtió que el macrismo dio de baja más concursos de los que lanzó en sus cuatro años de Gobierno.
El trabajo indica que, pese al discurso de la meritocracia y el eficientismo, la gestión PRO dejó sin efecto 1910 concursos y cajoneó otros 3964 para los que no pudo encontrar defectos formales. En lo que va de su gestión, según el informe, el actual gobierno sólo designó 1519 cargos por concursos internos, de los que solo un porcentaje ínfimo fue cubierto por profesionales.