Promoción comercial

Dentro de muy pocos días tendremos un nuevo gobierno y suele ocurrir que, a pesar de que el servicio exterior está integrado estrictamente por profesionales preparados -desde su ingreso- en todas las técnicas teóricas y prácticas que requiere la diplomacia, para que la Argentina pueda defender del mejor modo sus intereses nacionales en las relaciones internacionales, se apela a una anacrónica excepción. Se trata del todavía existente artículo 5 de la ley del servicio exterior, que le permite a cada nuevo gobierno nombrar 25 embajadores, llamados políticos (para distinguirlos de los de carrera) lo cual cierra ese número de vacantes a funcionarios que, con más de treinta años de actividad, pudieran alcanzar dicho rango para culminar una vida profesional al servicio del país. Pero dada la vigencia del artículo 5 de la ley, ningún gobierno se ha privado de hacer un uso político de ella, seguramente por no haber llegado a ponderar todo el valor de un servicio exterior absolutamente profesional en un mundo cada vez más globalizado e interdependiente. Además, también se ha desconocido que la Cancillería asumió hace más de dos décadas funciones en materia económico-comercial y de inversiones, incorporando a los funcionarios del servicio económico y comercial exterior, momento en que se priorizó -entre otras medidas- la agenda y el perfil en los ingresantes al Instituto del Servicio Exterior. Por eso resultó lamentable que en 2017 las funciones de promoción comercial fueran transferidas al Ministerio de Producción, y en ese ámbito a la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. Esto sin considerar que los funcionarios diplomáticos ya se encontraban y se encuentran plenamente capacitados para llevar adelante las actividades de promoción comercial, y por ello sigue siendo legítima la aspiración de que dichas competencias retornen durante la nueva gestión gubernamental al Ministerio de Relaciones Exteriores.